​Diputados de la oposición en Argentina denunciaron este miércoles 11 de marzo que el Gobierno oficialista, presidido por Javier Milei, mantiene bajo «absoluto ocultismo» el proceso de audiencias públicas para reformar la Ley de Glaciares. 

Según advirtió la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), el oficialismo se niega a publicar el registro de participantes, el cual ya supera los 18.000 inscritos, en un intento por blindar jurídicamente una normativa que flexibiliza la protección de las reservas hídricas del país.

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​La legisladora alertó que el partido gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), estaría incurriendo en una «simulación de participación democrática», al ocultar la información y modificar las notificaciones de inscripción. 

El Ejecutivo busca evitar que miles de ciudadanos expongan oralmente sus argumentos contra una ley que abre la puerta a la explotación minera en áreas críticas de la cordillera de los Andes. Argentina posee casi 17.000 cuerpos de hielo que abastecen los principales ríos del país.

​Maniobras para silenciar

La denuncia parlamentaria resalta que las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, ambas presididas por el oficialismo, ordenaron dejar de aportar datos públicos a los diputados opositores, centralizando todo en los despachos presidenciales.

Así como la aplicación arbitraria del reglamento para reemplazar las exposiciones orales por ponencias escritas, silenciando así un debate que, por la cantidad de inscritos, podría durar más de seis meses.

La diputada Selva enfatizó que este proceso incumple el Acuerdo de Escazú, el cual obliga al Estado a garantizar la participación pública real y transparente en asuntos ambientales.

​¿Qué busca la reforma de Milei?

​El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, pretende degradar el actual Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares, ya que delega en las provincias la facultad de decidir qué cuerpos de agua proteger y cuáles no, priorizando la «productividad» sobre la conservación.

Además, solo protegerían masas de hielo que cumplan funciones específicas de recarga hídrica, dejando desprotegidos miles de cuerpos de hielo menores.

Expertos señalan que la medida vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece niveles mínimos de protección ambiental que no pueden ser reducidos por jurisdicciones locales.

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Mientras el Gobierno defiende la reforma alegando que la ley vigente genera «inseguridad jurídica» para las inversiones, organizaciones ambientales han denunciado el proyecto ante el Parlamento Europeo. Argumentan que la desprotección de los glaciares es incompatible con los compromisos del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur.

Para los movimientos sociales y defensores del ambiente, esta reforma no es una «modernización», sino una entrega de bienes estratégicos en el marco del programa de ajuste y extranjerización promovido por la actual Administración.

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